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Nuevos dilemas en la legislación laboral

De un tiempo a esta parte, la política laboral en el Perú se ha convertido en una de las paradojas más complejas que el sector público debe enfrentar. Por un lado, la fuerte presión ejercida por una opinión pública desinformada –en el mejor de los casos– o ideologizada –en el peor– y por las sobreestimadas cúpulas sindicales hace virtualmente imposible que cualquier iniciativa destinada a flexibilizar el mercado laboral o a recortar los onerosos costos laborales no salariales pueda ser llevada a cabo sin que se traduzca en un suicidio político. Por otro lado, el Perú se ubica ya en el puesto 17 entre 175 economías evaluadas en cuanto a mayor rigidez laboral, según el Banco Mundial. Por otro lado, los costos laborales no salariales, como las vacaciones y la CTS, ascienden a nada menos que el 60% de la remuneración anual –es decir, por cada sol adicional que el empleador acuerde pagar directamente al trabajador, en realidad deberá desembolsar 60 centavos adicionales por otros conceptos–. Como consecuencia, sólo el 30% de la PEA nacional puede ser considerada formal, según el CIES.

Ante esta suerte de dilema entre los mayores beneficios para los trabajadores que parece demandar buena parte de la ciudadanía y los enormes costos y rigideces de mercado que ya enfrentan los empleadores, ¿cuál ha sido la posición política de las autoridades públicas? A juzgar por las disposiciones normativas aprobadas durante las últimas semanas, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo -y hasta el Judicial- habrían priorizado el aplauso desde la tribuna.

En primer lugar, el sonado aumento del salario mínimo (RMV) en 25% resulta, cuanto menos, controversial. A pesar de la obligación política del presidente de promulgar la norma –debido a que se trataba de una de sus principales promesas de campaña–, hasta el momento no se ha presentado documento técnico que respalde la pertinencia de la medida. Por el contrario, un estudio presentado por el BBVA indica que la actual RMV sería superior en casi 30% a la que debería ser, dados los ajustes de productividad de la mano de obra local.

Para las medianas y grandes empresas, sin embargo, no es la nueva RMV la disposición que podría preocuparles, sino más bien las que emanan del Legislativo. El 19 de agosto, por ejemplo, fue promulgada la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo –LSST– (Ley Nº 29783), la cual tiene por objeto “promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país” y dispone medidas que pueden salir harto costosas sin razonabilidad aparente. Entre otros puntos, la ley dispone la inclusión de faltas en las condiciones de seguridad e higiene industriales como un nuevo delito en el Código Penal, con penas que van entre los 2 y 10 años para los empresarios que las incumplan. El artículo 54 de la nueva ley menciona que el deber de prevención abarca también toda actividad que se desarrolle durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, o en el desplazamiento a ella; todo lo anterior, además, incluso fuera del lugar y horas de trabajo.

Parece inminente, además, la futura aprobación de la polémica Ley General del Trabajo, norma que de promulgarse tal como se encuentra redactada hoy posicionaría al Perú como el país con la segunda legislación laboral más rígida del mundo, sólo por detrás del archipiélago africano Santo Tomé y Príncipe, según un estudio llevado por Jorge Toyama, socio del área laboral de Miranda & Amado Abogados, y Gustavo Yamada, profesor de la Universidad del Pacífico. La facultad de los sindicatos de negociar por rama de actividad es uno de los puntos más controvertidos en esta ley y posibilitaría que, por ejemplo, una eventual Central General de Trabajadores Mineros negocie directamente con la SNMPE los salarios y beneficios de todos los empleados del sector. Especialistas del sector recuerdan que este tipo de negociación sería inviable, pues, dentro de un mismo sector económico, las remuneraciones pueden variar significativamente de empresa a empresa dependiendo de la posibilidad de pago que éstas tengan.

Finalmente, el Poder Judicial se habría sumado al nuevo aire en las relaciones laborales cuando, hace algunos días. La Corte Superior de Lima consideró que la ley de promoción de exportaciones no tradicionales, dada en 1978, ya no tiene justificación, sobre todo en el sector textil, el cual “está consolidado y en constante crecimiento”. En esas condiciones, no estaría de más que los empresarios se mantengan particularmente vigilantes tanto de los procesos de reglamentación de las leyes ya aprobadas, como de las discusiones que se den próximamente en las comisiones y en el Pleno del Congreso. Inclinación al diálogo inteligente, proactividad y mucha atención a los cambios laborales presentes y futuros parece ser el mejor consejo para el sector privado en los duros tiempos que pueden venir.

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